Una vez más, la historia se repite.
La Fiscalía General de la República informó sobre la vinculación a proceso de Miguel “C”, detenido en el municipio de Jaumave, Tamaulipas, por su presunta participación en el transporte ilegal de 48 mil litros de petróleo crudo.
El caso podría parecer un avance en la lucha contra el robo y tráfico de hidrocarburos, pero en el fondo deja más dudas que certezas. Miguel “C”, originario de Nuevo León y de edad avanzada, fue detenido y ahora enfrenta cargos federales, mientras que los verdaderos dueños del combustible permanecen en el anonimato, como si el petróleo se moviera solo por las carreteras.
Y es que resulta poco creíble que solo se detenga de vez en cuando a transportistas aislados, cuando la carretera federal México 101 —que conecta Victoria, Jaumave, Palmillas y Tula— está plagada de retenes “misteriosos” que aparecen y desaparecen sin explicación. Desde la salida de Ciudad Victoria, pasando por el CBTA de Tula, hasta llegar al municipio de Ciudad del Maíz, las fuerzas de seguridad como la PGR de Valles y la Guardia Estatal de San Luis Potosí instalan retenes obligatorios donde se detiene a todo tipo de unidades.
Entonces, cabe preguntarse: ¿cómo es posible que solo “algunos” transportistas sean detenidos y procesados? ¿Por qué los operativos parecen “dar resultados” justo cuando conviene, y con argumentos tan débiles que se derrumban al primer análisis?
El caso de Miguel “C” evidencia lo que muchos observan desde hace años: la justicia suele ensañarse con el último eslabón de la cadena, con el chofer, el operador, el que apenas sabe lo que transporta. Mientras tanto, las redes que verdaderamente controlan el negocio del huachicol permanecen intactas, moviendo millones y corrompiendo estructuras sin que nadie se atreva a tocarlas.
Perseguir al más débil no es justicia. Es simplemente una forma de simular resultados mientras la impunidad circula libremente por las mismas carreteras donde, curiosamente, los retenes siempre están… pero solo detienen a alguno…
