La reciente controversia surgida en Reynosa, por la venta de enseres domésticos entregados por el gobierno federal, pone en entredicho la efectividad y transparencia de los programas de apoyo social implementados en situaciones de emergencia. A través de redes sociales, ciudadanos han denunciado que varios de los beneficiarios de estos apoyos —refrigeradores, estufas, colchones, entre otros— estarían comercializándolos, a pesar de haberlos recibido de manera gratuita como parte de un programa para damnificados por las inundaciones.
Lo preocupante no es solo el acto de revender los artículos, sino la sospecha de que muchas de estas personas ni siquiera resultaron afectadas por el desastre natural. Esta situación expone deficiencias en el proceso de censo y verificación, debilitando la confianza pública en los programas federales y dejando a los verdaderamente damnificados en una situación de desamparo.
La administración federal, encabezada por la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, debe responder con prontitud ante este señalamiento, revisar los mecanismos de entrega y tomar medidas correctivas para garantizar que la ayuda llegue a quienes realmente la necesitan. De lo contrario, se corre el riesgo de que estos apoyos se perciban más como recursos susceptibles de manipulación política o personal que como un verdadero auxilio ante la emergencia.
