Power of Evidence | El Poder de la Evidencia
Por Ramiro Cantero Medina
En el debate económico mexicano se ha vuelto habitual presentar al mercado y al Estado como fuerzas opuestas. Bajo esta narrativa, una mayor intervención pública se asocia automáticamente con justicia social, mientras que la inversión privada, la competencia y el libre funcionamiento de los mercados suelen ser caricaturizados como insensibilidad económica. Sin embargo, el análisis comparado de los resultados económicos y sociales muestra que esta dicotomía es falsa y, en muchos casos, profundamente costosa.
La experiencia histórica es clara: sin crecimiento económico sostenido no existe política social viable, ni capacidad fiscal suficiente, ni reducción duradera de la pobreza.
Crecimiento bajo, resultados limitados
Los datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) indican que México ha registrado, durante largos periodos, un crecimiento económico inferior al de otras economías emergentes. Este desempeño ha sido insuficiente para absorber el crecimiento poblacional, reducir de manera sostenida la informalidad laboral y elevar consistentemente el ingreso real de los hogares.
El bajo crecimiento no es una abstracción técnica. La formación bruta de capital fijo, uno de los principales indicadores de inversión productiva, ha mostrado episodios prolongados de estancamiento. Cuando la inversión se desacelera, las consecuencias son directas: menor creación de empleo formal, menor productividad y una base fiscal más limitada para financiar políticas públicas.
Inversión, certidumbre y desarrollo
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha señalado de manera reiterada que la inversión privada depende menos de incentivos retóricos y más de factores institucionales básicos: certidumbre jurídica, respeto a contratos, regulación clara y competencia efectiva.
En sus evaluaciones sobre México, la OCDE subraya que el crecimiento de largo plazo está estrechamente vinculado al fortalecimiento del Estado de derecho y a la calidad del entorno regulatorio. Cuando estos elementos se debilitan, la inversión se retrae, independientemente del tamaño del gasto público o del rol asignado al Estado.
Apertura comercial y empleo
El Banco Mundial y la CEPAL han documentado que la integración de México a las cadenas globales de valor permitió una expansión significativa del sector manufacturero y del empleo vinculado a las exportaciones. Hoy, una proporción relevante del empleo formal depende directa o indirectamente del comercio exterior.
La experiencia internacional indica que las economías abiertas, cuando cuentan con reglas claras y políticas de competencia efectivas, tienden a generar mayores ganancias de productividad que aquellas que optan por el cierre económico o por sustituir los mecanismos de mercado con controles administrativos.
Empresas públicas y límites fiscales
El fortalecimiento de empresas públicas estratégicas no es, por definición, negativo. No obstante, tanto la OCDE como el Banco Mundial advierten que los monopolios estatales sin incentivos de eficiencia ni competencia suelen derivar en baja productividad y presiones fiscales crecientes.
Los subsidios recurrentes para compensar ineficiencias operativas reducen el margen presupuestario disponible para educación, salud e infraestructura. En términos prácticos, cada peso destinado a cubrir pérdidas estructurales es un peso que deja de invertirse en desarrollo social.
Política social: necesaria, pero insuficiente
La reducción de la pobreza es un objetivo legítimo y urgente. Sin embargo, la experiencia regional es consistente. La CEPAL y el Banco Mundial coinciden en que las transferencias monetarias, sin crecimiento económico y empleo productivo, tienen efectos limitados en el largo plazo.
Los países que lograron reducciones sostenidas de pobreza lo hicieron mediante una combinación de crecimiento económico, empleo formal, aumento de productividad y políticas sociales focalizadas. El crecimiento no es un complemento de la política social: es su condición de posibilidad.
Instituciones e incentivos
La economía responde a incentivos, no a discursos. La OCDE ha documentado que la incertidumbre regulatoria y la discrecionalidad administrativa desalientan la inversión productiva. Sin inversión no hay crecimiento; sin crecimiento no hay bienestar sostenible.
Asimismo, es fundamental distinguir entre libre mercado y corrupción. El Banco Mundial ha señalado que la corrupción se asocia a instituciones débiles, captura regulatoria y falta de competencia, no a la existencia de mercados abiertos. Combatirla exige más Estado de derecho, no más discrecionalidad.
Conclusión
México enfrenta decisiones económicas que marcarán su trayectoria en las próximas décadas. Los diagnósticos de organismos nacionales e internacionales convergen en un punto central: el crecimiento económico es indispensable para cualquier proyecto de desarrollo social sostenible.
El debate que el país necesita no es ideológico, sino técnico y responsable. No se trata de elegir entre Estado o mercado, sino de construir instituciones que permitan que ambos funcionen de manera complementaria. Sin crecimiento no hay redistribución sostenible, y sin reglas claras no hay prosperidad compartida.
“La evidencia no tiene ideología: solo muestra qué funciona y qué no.”
A Dios sea la gloria y la honra.
